En su momento, lo dije así: “qué necesidad tenemos, los
mexicanos decentes de andar dando nuestros datos al gobierno para que luego los
entreguen a los malandrines y nos puedan extorsionar vía telefónica”, no sé si
acuerden, queridos lectores, de eso que comenté en una indeterminada columna
hace varios meses, la verdad, es que, yo, jamás, he usado celular, a veces, y
eso, solamente por pura necesidad, he hablado por Nextel, para comunicarme con
algún amigo de manera urgente, pero no soy de los que viven colgados al
aparato, que si uno lo permite, se convierte en prioridad absoluta, bueno, pues
el gobierno, ya que, pudo recabar todos esos datos, amenazando a los
ciudadanos, diciendo que el que no los diera, le iban a dar de baja el
teléfono, o sea, que huesos tan azules, pero ahora, ha salido a declarar ante
los reflectores de los medios difusores de noticias, la comisionada del IFAI,
Jaqueline Peschard, quien ha dicho que en quince días se dará a conocer el
decreto que deroga la fallida ley, y ha asegurado que se deberán destruir los
datos de las decenas de millones de mexicanos, francamente, y perdonen la
vulgaridad, queridos lectores, sobre todo ofrezco una disculpa a las damas,
tanto pedo para cagar aguado, es que, durante el 2010, estos cabrones
funcionarios terroristas, realizaron una campaña de espanto para los usuarios
de los celulares, los que, con tal de no quedarse sin el servicio, hicieron
todo lo que solicitaron los del renaut, mi prima Robustiana tuvo que dar hasta
la talla de sus canelos, y lo que es peor, que en teoría, dicha recopilación de
información, serviría para detener las extorsiones telefónicas, craso error de
estos burócratas buenos para nada, ya que, los resultados han sido
contraproducentes, fíjense ustedes, asiduos fans, que en lugar de quitarles los
celulares a los miles de reos malandrines de las cárceles, se los dejaron bajo
su poder y en su cotidiano uso, o sea, que contradicción tan absurda, y no creo
que no se hayan dado cuenta que desde los penales salían señales de llamadas,
si con esto de la avanzada tecnología de rastreo, cualquier hijo de vecino
tiene un escáner en su casa, yo, por ejemplo, el otro día tuve que apersonarme
ante mi vecino, al que le pedí que cambiara de compañía de internet, ya que, como
me robo su señal con un aparatito barato, y por su chafa servicio, que por
cierto, está muy lento, se me cae a cada rato, actualmente ya van a instalar
unas antenitas que anularán las llamadas salientes de los penales, supongo que
también van a quitar de los reclusorios las cabinas telefónicas negocio de
Slim, en fin, que este gobierno panista está dando palos de ciegos en ese delicado
rubro, por cierto, y perdonen el brusco cambio de tema, pero el caso de la
francesa Florence Cassez ha dado un giro inesperado, y es que, a don Arturo
Zaldívar ministro de la Suprema Corte de Justicia, le parece que se debe
ordenar la inmediata y absoluta libertad de la maladrina secuestradora, debido
a que hubo flagrantes violaciones a sus derechos humanos, en el sentido que no
se le otorgó el beneficio de la presunción de inocencia, pero al señor Zaldívar
se le olvida, que siempre ha sido así en nuestro país, de hecho, en todos los
medios masivos, se publican las imágenes de los presuntos delincuentes, sin que
nadie, hasta el momento, se haya opuesto a dicha práctica que data desde inmemoriales
tiempos, es decir, que en México todos los detenidos son culpables hasta que
suenen los metales para la repartición de los dineros que permitan convencer a
las autoridades de su inocencia, yo, difiero de la opinión del juez supremo, y considero
que se debería de aplicar todo el rigor de la ley a la aberrante franchuta, de
la que existen pruebas fehacientes de que si estaba en ese rancho en el que su
amasio mantenía secuestradas a varias personas, que no la suelten y que
castiguen su delito con todo el rigor que permitan nuestras raídas leyes. Ya dije.
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